Se trata de un paso de avance en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a las estrategias derechistas que tienen voces en el Congreso, las cuales se opusieron a la medida.

El Consejo Nacional de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Conanda) aprobó este lunes 23 de diciembre una resolución que establece directrices para la atención de niñas, niños y adolescentes en casos de aborto legal.

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Con 15 votos a favor y 13 en contra la decisión volvió a reflejar dos lados opuestos entre los representantes de la sociedad civil. Los representantes del gobierno federal de Lula se opusieron a la misma y votaron en contra.

Mientras, otros actores políticos comentaron que se trata de una victoria, como hizo la diputada federal Sâmia Bomfim, del El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), quien en su cuenta de la red social X afirmó que la decisión será ·un paso importante para proteger a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos».

Por su parte, el expresidente de Conanda y exsecretario nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, el abogado Ariel de Castro Alves, calificó como «sorprendente e inusual» la posición opuesta del los representantes del gobierno federal.

Respaldó la normativa, y señaló que esta es coherente con todas las normas legales y disposiciones constituciones que establecen límites legales y constitucionales en materia de aborto, los cuales establecen que el aborto es completamente ilegal, excepto en casos de violación, peligros para la gestante o fetos con anencefalia.

“La Conanda tiene la legitimidad para debatir y aprobar resoluciones sobre los derechos y la promoción, defensa y protección de las niñas, niños y adolescentes, incluidas las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual», afirmó Alves a propósito de la legitimidad de la medida que fue constantemente cuestionada por el gobierno, mientras que el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía solicitó hacer una revisión, según establece el reglamento interno del organismo.

El documento busca regular la atención a las víctimas de violación que tienen derecho al aborto según la ley brasileña, y establece que cuando una menor, niño o adolescente desee interrumpir un embarazo producto de una violación, será derivada a un servicio de salud y se priorizará la expresión de su voluntad por parte de la gestante, incluso ante el desacuerdo con los padres.

La medida no impone un límite de gestación para el aborto, así como tienen un enfoque preventivo, a partir de lineamientos sobre la prevención de la violencia sexual y el embarazo infantil e indicaciones de las funciones de los órganos estales en estos casos.

La medida traería importantes avances para la promoción de la salud sexual entre la población infantil, sin embargo, la oposición y los representantes del gobierno están intentando que sea revertida. La justificación del Gobierno para votar en contra del texto es que esta excede las competencias de Conanda, y refiere obligaciones que solo pueden plasmarse mediante leyes o ser aprobadas por el Congreso Nacional.

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